La Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978 (PURPA) se creó e implementó para abordar la crisis energética de la década de 1970. Esta ley apoya los métodos de conservación de energía y fomenta el uso de la cogeneración y las energías renovables. Además, promueve la competencia en el mercado de la generación eléctrica. Según la PURPA, las empresas de servicios eléctricos están obligadas a comprar electricidad a pequeñas centrales eléctricas con una capacidad de 80 megavatios (MW) o menos. Las tarifas de compra no deben superar el costo que la empresa habría incurrido al producir la electricidad por sí misma.
La PURPA es implementada por la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) y los organismos reguladores estatales . Esta ley estableció una categoría de instalaciones generadoras de electricidad, denominadas instalaciones calificadas (QF, por sus siglas en inglés), para la asignación de tarifas especiales, lo que impulsó una mayor competencia entre los productores de energía no pertenecientes a las empresas de servicios públicos. Además, puso fin a las estructuras tarifarias promocionales. La FERC determina la elegibilidad de las instalaciones y los servicios como instalaciones calificadas (QF, por sus siglas en inglés) y también ofrece orientación sobre precios. Las comisiones estatales de servicios públicos (PUC, por sus siglas en inglés) también determinan los precios y los términos contractuales de los acuerdos de compra de energía.
Las QF se pueden clasificar en dos subdivisiones: instalaciones de producción de energía a pequeña escala e instalaciones de cogeneración.
- Las pequeñas instalaciones de producción de energía producen energía eléctrica a partir de recursos renovables como biomasa, residuos o energía geotérmica, y tienen una capacidad máxima de 80 MW.
- Las instalaciones de cogeneración producen electricidad y energía térmica útil, como vapor o calor, de forma más eficaz que la producción separada.
Según la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978 (PURPA), las empresas de servicios públicos deben vender energía eléctrica a los generadores calificados a precios justos y sin discriminación. Sin embargo, las disputas sobre las tarifas cobradas a los generadores calificados han dado lugar a litigios en tribunales federales de distrito, a pesar de la decisión de la FERC de no tomar medidas en ciertos casos.
Véase también: ¿Qué es un servicio público?
¿Qué ley modificó la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978 (PURPA)?
La Ley de Política Energética de 2005 modificó la PURPA, permitiendo a las empresas de servicios públicos rescindir nuevos contratos de compra de QF si la FERC determina que existe un acceso equitativo a los mercados mayoristas de electricidad. Actualmente, la FERC considera que los QF con una capacidad de potencia de 20 MW o menos carecen de acceso equitativo, reduciéndose este límite a 1 MW.
Desde su promulgación en 1978, la PURPA ha experimentado numerosos cambios y peticiones de reforma. Actualmente se debate sobre su actualización y reforma, así como sobre sus términos. La FERC está revisando la normativa y se está elaborando legislación para modificar la PURPA. La FERC y el Congreso han propuesto revisiones para actualizar la normativa de la PURPA . La Asociación Estadounidense de Energía Pública apoya tanto los esfuerzos de la FERC como las propuestas legislativas para actualizar la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos (PURPA). Su objetivo es garantizar que la PURPA refleje la evolución del mercado energético y evite la compra de energía innecesaria a precios más elevados.
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